Andalucía Valencia y Madrid, motores del desempleo en España, que ya se sitúa en el 10,44%. Los sindicatos siguen reunidos.

El paro en España vuelve al nivel de 2004, con 2,3 millones de desempleados. Mientras el Gobierno espera no rebasar el 11%, la opinión pública se pregunta dónde están los sindicatos.

La Encuesta de Población Activa publicada hoy por el INE revela que España destruye 2000 empleos al día, 207.400 en el segundo trimestre de 2008, principalmente en regiones con economías con un fuerte componente de especulación inmobiliaria, como Andalucía, con 56.400, la Comunidad Valenciana con 52.200 y Madrid con 50.800 nuevos parados respectivamente.
En general, el paro ha subido en España un 35,3% en los últimos doce meses con 621.600 desempleados más que hace un año. Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha manifestado en tono agorero que este aumento del paro “era lo previsible” y sorprendentemente ha asegurado que las previsiones de la OCDE para España colocando la tasa en el 10,7% “pueden ser unas previsiones buenas”. Por otra parte el Ministerio de Economía y Hacienda sigue instalado en el lenguaje cabalístico y el perogrullo, atribuyendo el aumento del desempleo a que “el crecimiento del empleo registrado en el trimestre no ha podido absorber el incremento de la población activa”.
Entre las reacciones a estos datos, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro ha afirmado en un alarde escandaloso de oportunismo que se asiste a “la mayor sangría que ha vivido España” desde “hace mucho tiempo”, “perdiendo la vitalidad de su economía, como si el PP no fuese igual de responsable que el PSOE de la crisis del actual modelo productivo español. Sin embargo, lo más preocupante es el silencio de los sindicatos mayoritarios y el pobre papel que están teniendo en la gestión de la crisis. CC.OO. y UGT “siguen reunidas” y sin plantear más medidas que las meramente institucionales. En la línea de los últimos años, ambos sindicatos siguen reclamando reformas económicas en la dirección de actividades de mayor valor añadido y medidas para asegurar la protección por desempleo y la reinserción laboral de los parados, mientras desmobilizan a sus bases.
Fidalgo se ha reunido en nombre de CC.OO. con el dirigente de Izquierda Unida Gaspar Llamazares para plantear una política “enmarcada tanto en el diálogo social como en la actividad parlamentaria” a través de los dos diputados de IU en el Congreso. Por su parte UGT afirma en su página web que la lucha contra el desempleo pasa por “la modernización de los Servicios Públicos de Empleo y el Plan de Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral” y afirma que el Diálogo Social (las mayúsculas son suyas) es “el mejor instrumento para transformar el actual modelo productivo y lograr otro basado en la innovación, el desarrollo tecnológico y el valor añadido, objetivos que deben ser compatibles con las mejoras de la solidaridad, la igualdad, y la cohesión social.” Para ello propone fijar un “calendario y los objetivos de sindicatos, patronal y Gobierno para desarrollar el Diálogo Social”. Además UGT declara su apoyo al Gobierno, que “ha caminado en la dirección adecuada en estos primeros cien días de mandato.” Finalmente, tras afirmar que la economía española debe transformarse en la línea expresada arriba, UGT sorpresivamente señala a la crisis en Estados Unidos como la causante de los problemas en España.

En ambos casos se infiere que los sindicatos mayoritarios excluyen de momento movilizaciones y abrir un debate entre los trabajadores de a pie sobre posibles vías de solución al incremento del paro, la pérdida de poder adquisitivo y las carencias del sistema de cobertura social en España, manteniendo su actividad en el ámbito de las “reuniones a alto nivel” y en una insistencia en el diálogo social que raya el verticalismo. Se constata que tanto UGT como CC.OO. están realizando sus propuestas en ámbitos de escasísima repercusión social y, en particular, su ausencia de los medios de comunicación parece bastante llamativa. Todo ello hace surgir dudas sobre cuál puede ser el impacto efectivo de las organizaciones obreras en la gestión de la crisis.

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