Campesinos de Chiapas denuncian el hostigamiento del Ejército Mexicano

400 soldados mexicanos irrumpieron el pasado 19 de julio en un predio del municipio de Venustiano Carranza ubicado entre las comunidades de 20 de Noviembre y San Isidro los Laureles, pertenecientes a la Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza (OCEZ-RC).

Según denuncia la OCEZ-RC en su comunicado del 22 de julio, los militares entraron a sus parcelas “con el pretexto de buscar plantíos de marihuana en las tierras en las que sembramos maíz y frijol para el sostenimiento de nuestra familia”. Además, preguntaron por “varios nombres y apellidos de líderes de la región, trayendo una lista de gente que buscan en la zona”.

El incidente se enmarca en una campaña de hostigamiento contra comunidades campesinas en Chiapas. Desde finales de abril hasta la fecha, se han presentado 8 denuncias por incursiones militares injustificadas en comunidades indígenas, la mayoría con presencia de organizaciones como el EZLN (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional), Otra Campaña, la OCEZ (Organización Campesina Emiliano Zapata) o el FNLS (Frente Nacional de lucha por el Socialismo). Ante el acoso del Ejército, la OCEZ-RC de las comunidades de 28 de Junio y Laguna Verde han difundido un comunicado descargable aquí:comunicado1 

En todos los casos el Ejército Mexicano va acompañado de miembros de otros organismos como la AFI (Agencia Federal de Investigaciones), la PFP (Policía Federal Preventiva), la PEP (Policía Estatal Preventiva), la PGR (Procuraduría General de la Repulica) y civiles. Según las autoridades, estos operativos han pretendido “detectar plantíos de marihuana, armas y pistas de aterrizaje clandestinas”.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció “una lógica de contrainsurgencia debido a que en dichos operativos operan de manera mixta fuerzas militares, policiales y actores civiles de las mismas comunidades, estableciendo despliegues tácticos sobre los territorios donde habita la población civil que se encuentra organizada en torno a justas demandas sociales”. Recalcando “que la atención a las demandas de sus pobladores se responde con la implementación de operaciones militares tendientes a destruir su voluntad de exigencia de justicia social.”

El “modus operandi” del Ejército y las fuerzas de orden público es similar en todos los casos: irrumpir en comunidades campesinas e intimidar a sus integrantes con la excusa de emprender acciones contra el tráfico de drogas. Asimismo se ha denunciado que la policía municipal, los policías tradicionales o “mayoles”, jueces locales y grupos irregulares de civiles detienen como práctica habitual a activistas de izquierdas y los acusan de supuestos delitos graves por los cuales permanecen años en prisión antes de ser juzgados. Por ejemplo los activistas de La Otra Campaña Agustín Rodríguez Jiménez y Diego Rodríguez Hernández, del municipio de Mitontic, han sido recientemente liberados, tras cinco años y un mes acusados de homicidio. Por su parte Antonio Díaz Pérez, también de Mitontic, lleva ya casi seis años en prisión también bajo la acusación de homicidio. En situación similar se encuentran Miguel Díaz López, Juan Díaz López, detenidos por homicidio en 2004 y el portavoz de La Voz de los Llanos, Tiburcio Gómez Pérez, detenido por secuestro en 2006.

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