Fraude fiscal y gasto público en España

Informes recientes señalan que España es, con EEUU, uno de los países de la OCDE con más desigualdades, siendo el gasto público social del país es el más bajo de la UE-15. Por el contrario, España es el país de la OCDE, tras EEUU, con mayor porcentaje de gasto en policía y seguridad: 2,1% del PIB (EEUU, 2,2%). A ello se suma un fraude fiscal desbocado que, en 2005 ascendió a 88.617 millones de euros.

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas (UPF ), El Periódico: Si hubiera voluntad política, podrían obtenerse los fondos para resolver el déficit social de las autonomías.

Se han publicado recientemente varios informes en España y en Europa que tienen una gran relevancia para el debate que está teniendo lugar en nuestro país, sobre cómo incrementar los fondos públicos para responder a las urgentes necesidades de las comunidades autónomas. El primer informe es un documento preparado por GESTHA, técnicos hacendistas de la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno español. Los informes de GESTHA han mostrado en el pasado gran certeza en sus análisis, lo cual les ha dado una credibilidad que entra en conflicto a menudo con las declaraciones oficiales del ministerio. Este informe, presentado en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en El Escorial este verano, documenta que el fraude fiscal en España supuso en el 2005 (el último año en que el Ministerio de Economía y Hacienda ha publicado los datos de los que GESTHA deriva sus cifras) nada menos que 88.617 millones de euros, fraude realizado a la Agencia Tributaria (58.676 millones) y a la Seguridad Social (29.941 millones).

Para darnos cuenta del significado de estas cifras, tenemos que saber que el déficit de gasto público social de las comunidades autónomas, responsables de los servicios públicos del Estado del bienestar de España, es, precisamente, de 85.000 millones de euros. Es decir que para alcanzar el nivel de gasto público social de los países que tienen el mismo nivel de desarrollo económico que el nuestro, deberíamos añadir a nuestro gasto público social (el más bajo de la UE-15) otros 85.000 millones que podrían conseguirse a partir de recaudar los impuestos de los que defraudan al fisco. Puesto que la gran mayoría de los que defraudan al fisco son personas que gozan de rentas superiores, mientras que las que utilizan los servicios públicos sociales, son personas de rentas medias y bajas (las clases populares), puede entenderse que la gran mayoría de la población desea que se corrija este fraude fiscal. Un 82% de la población (según datos del informe de la European Network of Social Research del 2007) dice que el Estado debería corregir el fraude fiscal (el porcentaje mayor de la UE-15). Según el informe de GESTHA, los empresarios declaran una renta recibida entre 5.646 euros y 6.346 euros menos que los asalariados. España es el único país donde los empresarios y profesionales declaran menos que los trabajadores.

El segundo informe es un análisis del gasto público en los países de la OCDE, los más ricos del mundo, publicado por una red de investigadores de gran solvencia y prestigio internacional -Francis G. Castles (editor) The Disappearing state?, 2008-. Tal estudio muestra cómo el Estado español es el que gasta menos (0,06% del PIB) en recoger los impuestos (tax collection), 30 veces menos, por cierto, que Suecia (0,32%). Tal información no consta en el informe de GESTHA, aun cuando éste hace una crítica muy dura a la dirección del Ministerio de Economía por la pobreza de recursos (incluyendo inspectores fiscales) que la Agencia Tributaria tiene, así como por las prioridades establecidas para tal Agencia. Otro informe, contenido en el trabajo de GESTHA, es el análisis de lo que significará la eliminación del impuesto de patrimonio aprobada por el Gobierno español este agosto, cuyos fondos eran asignados a las comunidades autónomas. Según los últimos datos disponibles (los del 2005), tal impuesto significó 1.400 millones de euros, y (en contra de lo que indicó el Gobierno español para justificar su eliminación) es altamente progresivo. Mientras que la mayoría de declarantes pagaban 178 euros o menos, tal impuesto gravaba primordialmente a las grandes propiedades con valor muy superior al promedio declarado (y ello pese al gran fraude que existe también en esta declaración de la propiedad: solo 727 declarantes indicaron tener patrimonio de más de 10 millones de euros, cuando, según las propias fuentes del ministerio, hay 3.299 personas que tienen tal patrimonio).

La Eliminación de ese impuesto tendrá dos consecuencias. Una es la reducción de los fondos del Estado. De no eliminarse, esos 1.400 millones de euros podrían ir a cubrir el déficit de gasto público en la financiación de los servicios de dependencia de las comunidades autónomas, que es de 1.200 millones de euros. La otra es el incremento de la regresividad del sistema fiscal, aumentando las desigualdades sociales. En el estudio del análisis internacional del gasto público citado anteriormente, se puede ver que, a mayor desigualdad de renta en un país, (España es, con EEUU, uno de los países de la OCDE con más desigualdades), mayor es el gasto público en policía y seguridad. España es el país, tras EEUU, con mayor porcentaje de tal gasto: 2,1% del PIB, y EEUU, 2,2%. Como contraste, Noruega, 0,9%; Suecia, 1,3%, y Dinamarca, 0,9%, son los países que gastan menos en policía y seguridad y tienen menos desigualdades. Si la desigualdad aumenta, lo hace también el gasto necesario para mantener el orden establecido. Y hay mucho orden que proteger en España.

Vemos, pues, que, si hubiera voluntad política, los fondos para resolver el déficit social de las comunidades autónomas podrían obtenerse. No es un problema financiero o económico, sino político.

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