Colectivos de apoyo a presos políticos españoles denuncian que la reforma del código penal de noviembre de 2008 supone “de facto” la introducción de la condena de 60 años

PRES.O.S. Socorro Rojo Internacional. El vigésimo cambio del Código Penal, que comenzó su andadura el 14 de noviembre de 2008 con la aprobación en el Consejo de Ministros, impondrá durante 20 años la «libertad vigilada» a los presos políticos una vez cumplida su condena, e implantará una decena de medidas que consideran «necesarias» al comprobar que la prisión no hace mella en el compromiso de los represaliados. Una reforma que da luz verde a las condenas de seis décadas contra los disidentes políticos.
El Consejo de Ministros español ha aprobado la implantación de la «libertad vigilada», una figura penal con la que pretenden imponer hasta 20 años de control y seguimiento sobre los presos políticos una vez hayan cumplido su condena y sean puestos en libertad. Una medida que se traduce, por tanto, en una pena de seis décadas; cuatro entre rejas y dos más «bajo vigilancia».
Ésta, junto a las diez medidas de control que se contemplan y la declaración de imprescriptibilidad de «los más graves delitos en materia de terrorismo», componen el Anteproyecto de Ley aprobado el pasado octubre.

La razón esgrimida para justificar la aplicación de la «libertad vigilada» es que su sistema penitenciario no cumple la función de «reinserción», por lo que «ven necesario» adoptar este tipo de medidas. Cabe destacar que, pese a que los presos políticos son el principal objetivo de esta reforma, también se prevé implantar estas medidas contra los condenados por delitos sexuales.
Según lo que ha trascendido, como con todas las anteriores medidas dirigidas contra los disidentes políticos el criterio que regirá la toma de decisiones dependerá del «arrepentimiento» de los prisioneros y supone, de facto, estar sometido de por vida a control judicial.
El repertorio de medidas que impone la «libertad vigilada», que serán impuestas por el magistrado cuando dicte su sentencia y que están inventariadas en el cuadro de la siguiente página, va desde la prohibición de residir en determinados lugares a la obligación de comparecer periódicamente ante el juez. La prohibición de abandonar su residencia sin permiso del juez y el cometido de seguir tratamiento médico externo y de participar en cursos laborales o formativos son otras de las imposiciones que componen el listado.

La reforma, que ha contado con el visto bueno de PP y PSOE, impide también a los ex presos políticos «acudir y aproximarse» a lugares o establecimientos determinados y acercarse o comunicarse con «víctimas», allegados de éstas u otras personas que determine el magistrado.

Medios electrónicos
Como broche final a esta remesa de medidas, el Código Penal español permitirá al juez utilizar medios electrónicos que le permitan la localización y el seguimiento permanente del excarcelado.
El informe, que fue presentado a los medios por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, declara la imprescriptibilidad a los delitos «de terrorismo» que hayan causado muerte, «las más graves lesiones físicas o síquicas» o que hayan consistido en el secuestro de una persona. Otro elemento novedoso es que la presentación de denuncia o querella ante un órgano judicial suspenderá el cómputo de prescripción.
No obstante, ninguna de estas medidas podrá ser aplicada con carácter retroactivo, por lo que su implementación recaerá sobre los condenados una vez que entre en vigor la reforma penal.
La aprobación de ayer del anteproyecto de reforma abre el camino a la vigésima modificación de un Código Penal puesto en vigor también por otro Gobierno del PSOE, en 1995. La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, valoró la reforma como un intento de «no dejar resquicios a la impunidad».

Cadena perpetua
Dando cuenta de esta nueva reforma, los medios de comunicación mencionaban que «sólo quedaría un escalón más» en la reforma del Código Penal, que sería la instauración legal de la cadena perpetua. El PP y el PSOE descartaban asumir esta medida en el pacto por su «inconstitucionalidad». Sin embargo, la condena de por vida es ya una realidad dentro de los Colectivos de Presos Políticos tras la reforma del Código Penal de 2003 -que elevó el cumplimiento de penas a 40 años- y el cambio del sistema de cómputo mediante la doctrina del Tribunal Supremo.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, mostró reticencias al anteproyecto, y exigió que se contemplen mecanismos para que «no suponga una perpetuidad de restricciones de libertad». «La limitación tan grande que establece la convierte en una cadena perpetua, no de privación de libertad, pero si de restricción de libertades», añadió.
El revuelo mediático desatado en torno a la excarcelación de Iñaki de Juana, el pasado agosto, desencadenó el debate en torno a estas medidas, ya aprobadas. El PP fue el primero en solicitar la libertad vigilada, pero el Gobierno del PSOE ha rebasado con creces las propuestas de Mariano Rajoy, doblando incluso el periodo de libertad vigilada que éste demandaba.

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