Intervención de Cayo Lara ante el Consejo Político Federal de Izquierda Unida de febrero de 2009

Cayo Lara realiza un análisis general de la situación nacional e internacional y define las líneas políticas inmediatas de Izquierda Unida

INTRODUCCIÓN

El pasado 14 de diciembre, justo cuando se cumplen 20 años de la huelga general que paralizó el país en contra de la política económica del entonces gobierno socialista de Felipe González, este CPF tuvo a bien nombrar la nueva comisión ejecutiva federal de IU, que intentaré coordinar en esta nueva etapa política que va a estar marcada por una profunda crisis económica y posibles estallidos sociales.
En mi primera intervención ante vosotros como coordinador quise dejar claro mediante una declaración de principios que este coordinador iba a ser el de todos y todas en IU, porque se iba a conformar una dirección en la que nadie se sentiría excluido. Así creo que ha sido.
Así mismo planteamos como objetivo inmediato intentar recuperar el protagonismo saliendo a la calle en apoyo de los colectivos más afectados por la actual coyuntura económica y en demanda de un nuevo modelo productivo que supere la grave crisis que esta recorriendo nuestro país en particular y el mundo entero en general originada por este “capitalismo de casino”, reflejo de las políticas neoliberales que defienden con pocos matices tanto PSOE como PP tal y como vienen a mostrar las ingentes cantidades de dinero ofrecidas para salvar los negocios financieros y las escasas cantidades puestas a disposición de la economía real, de las Pymes, de los autónomos, de las familias, en suma, del empleo.
Ese mismo día analizamos y realizamos un amplio debate sobre las líneas esenciales de actuación de IU para los próximos meses, principalmente en materia económica y de respuesta a la crisis, en donde dejamos claro que “HAY UNA ALTERNATIVA” mostrando nuestra oposición a algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno por lo que supone, entre otros motivos, de descarado trasvase de recursos públicos al sector financiero sin ninguna contrapartida ni forma de control de su uso y destino.
En esta dirección advertimos que de seguir la economía por los mismos derroteros, los sindicatos deberían sopesar el convocar una huelga general, no como un fin en sí mismo, sino para decirles a los poderes económicos y políticos del país que no estamos dispuestos a soportar esta situación y que los trabajadores y trabajadoras paguen las consecuencias de una crisis que no han provocado, la huelga general de la pasada semana en Francia, las protestas en Reino Unido contra la contratación de mano de obra extranjera o los disturbios que se produjeron en Grecia hace unas semanas, parecen indicar que es preciso un nuevo modelo económico alternativo y sostenible, que controle los excesos que produce el capitalismo y en el que las políticas redistributivas, y el pleno empleo de calidad sean pilares y objetivos esenciales.
Esta reflexión, que tuvo una acogida por los medios de comunicación como si de un ataque al sistema se tratara, a nuestra gente, a los trabajadores, les ha infundido de cierto espíritu reivindicativo que tras más de una década de bonanza parecía estar un tanto aletargado, según parece desprenderse de las asistencias a las distintas movilizaciones que se han realizado en este periodo de tiempo en distintas localidades de nuestro país en defensa del empleo como en Zaragoza -en donde se manifestaron más de 20.000 personas tras la convocatoria sindical-, o Sevilla en donde la convocatoria realizada solamente por IU reunió a más de 10.000 personas para exigir medidas efectivas contra la crisis y un cambio de modelo económico. No es de extrañar que si a los ciudadanos se les piden esfuerzos pero sin darles las herramientas y medidas efectivas para solucionar sus problemas, éstos empiecen a encontrarse con un ánimo un tanto más crispado y empiecen a mostrar sus exigencias para que las cosas cambien.
Si bien hemos dejado claro que apoyaremos aquellas medidas responsables que puedan decidir los representantes sindicales para dar respuesta a las negativas actuaciones con los que se está abordando la situación recesiva en la que ya estamos inmersos, las movilizaciones pueden ser el único camino que le quedan a los trabajadores y a quienes han perdido su empleo para reclamar que aún se está a tiempo de reconducir la situación.

SITUACIÓN INTERNACIONAL
No cabe duda que 2009 va a venir marcado por el acceso del nuevo presidente electo de los EE.UU a su cargo. Las primeras decisiones de Barack Hussein Obama parecen apuntar a un posible cambio, tanto en la política interior como en la política exterior norteamericana que rectifica profundamente la política del Presidente Bush. Así, la decisión del cierre de la prisión de Guantánamo y las cárceles secretas, la renuncia al uso de la tortura, su apuesta por las energías renovables, la intervención del estado en la economía y en el mercado, la ley de equidad salarial y su tibia apuesta por la sindicalización de las relaciones laborales, así como sus primeras declaraciones sobre Irán solicitando un diálogo en paralelo al mundo musulmán, en la búsqueda de un compromiso mutuo -la retirada de las tropas de Irak-, suponen un cambio real en relación a la política ultraderechista de la administración anterior.
Que esos cambios supongan o no un giro real hacia políticas sociales para los norteamericanos y una política exterior basada en la multilateralidad y el derecho internacional estará por ver y confirmar. Su reiterado llamamiento a aumentar su presencia militar en Afganistán no es una buena señal.
Este Consejo Federal se celebra después de la invasión criminal de Israel sobre el territorio palestino de Gaza. La barbarie ha sacudido las conciencias de la gente decente y la militancia de IU ha estado en la movilización en la calle, con iniciativas en las instituciones y con el intento, impedido por el Gobierno Israelí, de llegar por barco a Gaza, para exigir el fin de la masacre que planificada por el gobierno Israelí ha llegado prácticamente hasta la elección de Obama. Mças de 1.300 muertos en 19 días, de los cuales 412 son niños y 100 mujeres según datos de Naciones Unidas es el balance que la agresión militar israelí ha dejado en Gaza. Hoy nos sentimos un poco más palestinos.
Las medidas que exigimos al Gobierno de Rodríguez Zapatero de retirada del Embajador Israelí mientras durara la agresión, que suprimiera definitivamente la venta de armas a Israel o que liderara la posición en la UE de suspender el acuerdo de asociación con Israel, no han sido atendidas. El Gobierno no ha llegado más allá que a voluntariosas declaraciones de petición de alto el fuego de los cohetes caseros ante masivos bombardeos desde tierra, mar y aire que alcanzaron hasta las instalaciones de la ONU que ha sido incapaz de actuar con medidas serias frente al Gobierno de Israel ante la brutal agresión al pueblo palestino.
Reiteramos la posición pública que realizó la Comisión Ejecutiva de IU en relación a que nuestra organización se persone como acusación popular en la causa abierta en la Audiencia Nacional por crímenes de guerra contra el ex ministro de Defensa israelí Benjamín Ben-Eliezer y otros seis militares del Ejército hebreo por un presunto delito contra la humanidad cometido el 22 de julio de 2002. IU actuará para depurar las responsabilidades penales por los delitos cometidos contra el Derecho Internacional Penal y el Derecho Internacional Humanitario en aquel caso y en la guerra de Gaza de 2008-2009.
Denunciamos que el Gobierno español, plegándose a la presión del Gobierno de Israel contemple la posibilidad de modificar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente desde 1985 que permite la instrucción universal en casos de genocidio, piratería, terrorismo, etc. Es una verdadera vergüenza que tan siquiera pueda pasar por la cabeza del Gobierno la posibilidad de realizar este cambio retrógrado y regresivo.
No hay que olvidar que en 1998 la Sala Penal de la Audiencia Nacional aprobó por unanimidad la posibilidad de procesar a personas por crímenes contra la humanidad en Argentina y Chile, y que a pesar de las permanentes objeciones del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el 26 de septiembre de 2005, fijó la posición favorable que el Estado español pudiera investigar y enjuiciar casos universales por delitos contra la humanidad. Esa doctrina que ahora quiere revisar el Gobierno del PSOE por presión de Israel hubiese impedido el procesamiento a Pinochet, a Silingo, a asesinos en Guatemala o el más reciente por los asesinatos de los jesuitas de la UCA en El Salvador en 1989.
En este caso, se debe dejar trabajar con total independencia a la Audiencia Nacional, rechazando, en este sentido, la desproporcionada reacción y las injerencias que se han empezado a producir desde el Gobierno israelí, que no parece entender la división de Poderes existente en nuestro Estado de Derecho. Esperamos que esta actuación de la Justicia española sirva para que las autoridades de Israel contribuyan desde ahora y de forma decidida al diálogo para la resolución definitiva del conflicto con Palestina y para que actúen con respeto al Derecho Internacional.
De otra parte el resultado del referéndum sobre la nueva Constitución de Bolivia, con un 61% favorable a esa nueva Constitución es una magnífica noticia para el pueblo boliviano que tras 500 años de colonización adquiere su plena y definitiva autodeterminación.
Izquierda Unida saluda la aprobación de la Constitución y deseamos al Movimiento Al Socialismo y al Presidente Evo Morales éxitos en el desarrollo de esta Constitución de Bolivia conseguida gracias a la lucha de los movimientos sociales, en especial el movimiento campesino indígena, que fue maltratado e ignorado durante toda su historia.
Igualmente felicitamos al FMLN al conseguir en las pasadas elecciones del 18 de febrero ser el partido más votado en las elecciones municipales y legislativas en El Salvador. El próximo 15 de marzo se celebrarán elecciones presidenciales y estamos seguros que los compañeros Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén se harán con la Presidencia y Vicepresidencia de El Salvador incorporándose al proyecto de integración regional imparable contra el neoliberalismo.
En la próxima semana se celebrará en Venezuela un referéndum para eliminar los límites a la reelección para todos los cargos de elección popular, incluyendo el de presidente, dando así el Presidente Hugo Chávez un nuevo ejemplo de democracia al someter a la decisión popular este cambio constitucional frente a las continuas intromisiones de la derecha internacional.
No podemos acabar de referirnos a la situación internacional sin manifestar nuestra preocupación y condena de la represión continua del pueblo saharaui en los territorios ocupados, reiterando nuestro compromiso de solidaridad con el Frente POLISARIO hasta la realización de su derecho de ejercicio del referéndum de autodeterminación.
Saludamos la presencia de los compañeros y compañeras que han participado en el Foro Social Mundial reunido en Belem, que como contrapunto a las alternativas propuestas por el Foro Económico de Davos para salir de la crisis económica y financiera, han aprobado en su resolución final una serie de propuestas para atacar la crisis de raíz y para garantizar la vigencia de los tratados internacionales, con la intención de avanzar lo más rápidamente posible hacia la construcción de una alternativa radical que erradique el sistema capitalista. Como ejemplo de estas propuestas podríamos citar la movilización contra el G-20 el 28 de marzo o la movilización contra la guerra y la crisis dos días después.
Por último no deberíamos olvidar de hacer mención al éxito de participación obtenido el pasado fin de semana en Madrid en la multitudinaria manifestación convocada por el Movimiento de Solidaridad con la Revolución Cubana coincidiendo con el 50 aniversario de la Revolución cubana, en la cual participamos y en la que miles de personas se concentraron bajo el lema ‘Cuba no está sola’, y en donde se exigió el final del bloqueo para Cuba y demandando al nuevo Gobierno de Estados Unidos el que facilite el desarrollo de Cuba con su soberanía e independencia.

EUROPA Y LA CRISIS

Ante la crisis económica en Europa la Comisión ha planteado un plan de choque de ayuda a las entidades financieras, que no son más que parches a una política que ha llevado la economía europea a uno de sus peores momentos. No siendo justificable bajo ningún concepto el desembolso de dinero público para tapar los agujeros de las instituciones financieras que se han estado lucrando a costa del ciudadano de una manera inmoral, porque si no existe dinero para invertir en servicios públicos como la sanidad o la educación, ¿cómo puede haberlo para dárselo a los bancos?
Sin embargo, los planes para refundar el capitalismo que presentan los líderes de la UE siguen recayendo en el mismo error, siguen sin admitir de que esta crisis no es más que la demostración del fracaso de la Estrategia de Lisboa y de la concepción de una Europa basada en un modelo económico que prioriza los intereses de las multinacionales y el sector financiero por encima de los derechos de los ciudadanos.
Muestra de ello es la política de Seguridad y Defensa que practica la Unión Europea, que anima a los Estados miembros a incrementar el gasto militar- muy lejos de conseguir una PESD que camine hacia el desarme total, y sitúe la paz como finalidad en todas sus actuaciones. La UE, a través del Tratado de Lisboa encamina la PESD hacia una escala militar, supeditándola a la política de defensa de la OTAN, institucionalizando órganos para ello como la Agencia Europea de Defensa.
El último ejemplo del fracaso de la Política Europea de Seguridad y Defensa ha sido la guerra en Gaza; las potencias europeas han acudido allí cuando el ejército israelí decidió parar la ofensiva. Es inaceptable que la UE tenga que esperar a dar una respuesta a que lo haga el Presidente de los EEUU. La UE debería diseñar un espacio europeo libre de armamento y debería abogar por la desmilitarización de la seguridad.
Ha quedado más que demostrado que desde que en 1999 la OTAN instaura una respuesta militar a problemas civiles, como los movimientos migratorios, el control de los recursos energéticos o el terrorismo, la disuasión militar no ha funcionado, sino todo lo contrario, ha servido para que los países entren en una espiral armamentística más que peligrosa.
Desde nuestro punto de vista, para salir de esta crisis es necesario el replanteamiento de una nueva construcción europea que tenga como objetivos principales de su política económica y sobre la base de la intervención pública de la economía: el pleno empleo de calidad, la lucha contra la precariedad, la temporalidad, la siniestralidad y las deslocalizaciones, la instauración del estado social y el refuerzo de las garantías sociales, la coordinación de las políticas económicas y la armonización de las fiscales.
En este sentido es necesario el control público del Banco Central Europeo, es inaceptable que una institución tan poderosa no pueda ser influenciada por los representantes de la ciudadanía. El BCE debería tener la responsabilidad de apoyar el desarrollo, la inversión y el empleo y no la estabilidad para, de este modo, potenciar el objetivo del pleno empleo.
Esta nueva economía debería rescatar los sectores estratégicos europeos tales como la energía eléctrica y la derivada del petróleo, la industria naval y un sector de la industria automovilística, los transportes, el agua y los servicios postales. Abogamos por la nacionalización de parte de los sectores estratégicos como el petróleo y el sector eléctrico. Parte de los beneficios de estas empresas estatales se destinarían a la inversión en I+D para poder abordar de una manera seria el debate de la sociedad postpetróleo, planteando una mayor eficiencia en el consumo y apostando claramente por las energías renovables.
Este proceso debe ir acompañado desde Europa de la redefinición del proyecto para eliminar los ataques al modelo social europeo: la Directiva de servicios públicos, la de trabajadores desplazados, la de las 65 horas o la Directiva de retorno de inmigrantes. La Europa que están intentado refundar hoy es una Europa que impulsa la flexiseguridad, y desregulariza los derechos laborales conseguidos gracias a la lucha del movimiento obrero, legitimando el dumping social, basándose en la Directiva de desplazamiento de trabajadores, y los artículos 49 y 43 del Tratado de la UE.
Es necesario pues reconocer que el modelo neoliberal en el cual se basa actualmente Europa ha fracasado, siendo el momento de abrir un debate público en Europa, y para ello las elecciones al Parlamento Europeo son el mejor marco para que los ciudadanos y ciudadanas puedan reconstruir la UE sobre la base de la intervención del mercado y desde la participación pública de la economía.

LA CRISIS EN ESPAÑA

El modelo de crecimiento español en estos pasados años de bonanza se ha basado fundamentalmente:
– en una economía especulativa alrededor del sector de la construcción (llegándose ha construir 800.000 viviendas año, tantas como Alemania, Francia y Reino Unido juntos),
– en las privatizaciones de las empresas y servicios públicas rentables,
– en un mercado de trabajo fuertemente desregulado, y precarizado, en donde los bajos salarios y una elevadísima tasa de temporalidad (31%) muy por encima de la media de los países de nuestro entorno más inmediato ha sido la tónica,
– una balanza de pagos fuertemente deficitaria, y un alto grado de endeudamiento de familias y empresas
– y por último una muy débil protección social y una aplicación de sucesivas reformas fiscales que han tenido como objetivo y meta las desfiscalización de las rentas del capital en detrimento de las obtenidas mediante el trabajo, (que han costado a las arcas del Estado en los últimos 10 años unos 20.000 millones de euros anualmente y que han beneficiado en gran medida a las clases más pudientes) y una vaga y escasa lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
Por tanto esta bonanza no ha afectado a todos por igual, hoy, después de trece años de expansión económica, cerca de 11 millones de asalariados son mileuristas, los salarios han perdido participación en la Renta Nacional y nuestro gasto social per cápita continúa a la cola de la UE
Por el contrario los beneficios empresariales han crecido tres veces más que los salarios, y en especial los obtenidos por la banca y los grandes promotores inmobiliarios han sido escandalosos. Estos los declarados, porque en este país no nos olvidemos llegaron a circular la tercera parte de todos los billetes de 500 euros de la UE. ¿Dónde esta esa liquidez ahora?.
El elevado endeudamiento de empresas y familias, el descomunal saldo negativo de la balanza de pagos o el descontrol de la burbuja inmobiliaria, ya anticipaban ajustes al crecimiento de la economía que el Gobierno ha despreciado sistemáticamente. Ajustes cuya duración e intensidad desconocíamos, pero que se han acelerado con la crisis financiera internacional.
Si ya desde el pasado verano los indicadores económicos no auguraban unas perspectivas halagüeñas para nuestra economía, las sucesivas revisiones realizadas han ido de mal a peor. Con todo ello se nos presentaron unos PGE totalmente desfasados e irreales para cubrir las necesidades que se iban a producir en 2009. Necesidades que tienen su reflejo, en cierta forma, en la última Actualización del Programa de Estabilidad publicado el pasado día 17 de enero en el que el Gobierno venía a reconocer la realidad económica tantas veces negada con anterioridad.
En esta actualización se preveía una caída del PIB del 1,6% para este año y una tasa de paro del 15,9%, -con lo que ello supondrá de aumento del gasto público por la actuación de los estabilizadores automáticos que va a situar el déficit público en tasas muy próximas al 6%-Estimando una cierta recuperación de la actividad económica para el segundo semestre del año y un crecimiento del 1,2% del PIB en 2010 y del 2,6% en 2001 en media anual, con sus correspondientes efectos positivos sobre la tasa de paro y sobre el déficit público que descenderían a partir de 2010. En suma, expectativas.
La realidad es que hemos pasado de crecer a ritmos del 4% a estar en una situación técnica de recesión en el cuarto trimestre de 2008, según el Banco de España, debido a que el PIB volvió a contraerse en medio de una fuerte caída de la demanda nacional, (en especial la realizada por las familias -consumo privado e inversión residencial- con una caída del 2,4% en tasa interanual), lo que muestra una sustancial desaceleración económica, cuyo reflejo más directo es el ajuste que, una vez más, está ocurriendo en el mercado de trabajo.
Así, en pocos meses nuestro país ha sido victima de una evolución dramática del nivel de desempleo. Los últimos datos ofrecidos por el SPPE o la EPA hace pocos días, indican con rotundidad que se ha sobrepasado con creces los tres millones de parados, 900.000 de los cuales no percibe prestación ni subsidio alguno por desempleo .
Según la última EPA (IV Trim), la tasa de paro ha alcanzado el 13,9% de la población activa, aumentando en más de 1,3 millones el número de parados a lo largo de 2008, y si mientras el aumento del paro a lo largo del año se podía explicar casí al 50% por el aumento de la población activa y por la destrucción de empleo, en el último trimestre el aumento del paro se ha debido en cerca de un 80% a la destrucción de empleo. Efecto de la crisis que esta influyendo con más intensidad a los sectores intensivos en mano de obra, como la construcción, en donde se han perdido cerca de 560.000 puestos de trabajo a lo largo de 2008, o la industria, con cerca de 220.000 empleos menos, y con una cifra de negocio que descendió un 21,5% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior y una caída de la entrada de pedidos de un 28,1% lo que indica que lo peor para la industria esta por venir.
En cuanto a la evolución de los precios, dada la sustancial caída en la demanda nacional e internacional -al parecer algunos ciudadanos están ahorrando más- y la evolución a la baja de los precios de la energía y de los alimentos, el IPC ha sufrido una fuerte desaceleración alcanzando una tasa interanual a final de 2008 del 1,4%, tendencia que no parece que vaya a frenarse en un corto periodo de tiempo, tal y como parece derivarse de los datos de IPCA que prevén una caída hasta el 0,8% en enero y unas previsiones cercanas al 1% para julio de 2009, aunque el Gobierno no descarta la posibilidad de que entre 2 y 3 meses podamos tener tasas negativas, coincidiendo con los meses del año anterior en el que el precio de la energía rozo sus máximos. Situación que junto con la evolución a la baja de la actividad podría colocar a la economía en una posición aun más delicada de persistir en el tiempo.
Y todo ello, no olvidemos cuando veníamos de tasas que ponían al BCE nervioso por tener que practicar una política monetaria ortodoxa que sin duda ha afectado al desarrollo de esta crisis por no haber disminuido los tipos de interés con anterioridad, retrasando con ello el que muchas familias y empresas se beneficiaran de ello fomentando así la actividad.
Con estos datos, lo que nos tememos es que las previsiones realizadas por el Gobierno se encuentren aún alejadas de la realidad y por tanto las medidas articuladas por éste sean cuestionables y poco efectivas, y lo único que quieran transmitir sea un cierto grado de optimismo y de confianza a la ciudadanía al que es tan propenso nuestro Presidente ZP, ya que las previsiones de la Comisión Europea publicadas al poco tiempo apuntaban una caída más severa del PIB para 2009 entorno al 2% y del 0,2% en 2010 en el que se alcanzaría una tasa de paro cercana al 19%, lo que supondría en torno a las 4.300.000 personas.
Al Gobierno le ha costado reconocer la gravedad de la situación económica y se ha equivocado al sobrevalorar la solidez de los cimientos de nuestra economía. Se ha ido contentado con ir parcheando la situación con distintas medidas, alguna de ellas derivada del plan de acción concertada de los países de la zona euro. Pero la realidad es que el grueso de la ayuda pública ha ido a apuntalar al sistema financiero.
Así , mientras que las ayudas directas para reactivar la economía se circunscriben básicamente a la Línea ICO-liquidez para pymes y autónomos con una dotación de 5.000 millones de euros -que no parece que este funcionando adecuadamente- y las contenidas tanto en el Fondo Estatal de inversión local con 8.000 millones, como en el Fondo Especial para la dinamización de la economía con 3.000, cuyos objetivos son la realización de nuevas inversiones intensivas en empleo y de ejecución inmediata por parte de los Ayuntamientos y en la priorización de intervenciones en sectores afectados por la crisis -como por ejemplo el del automóvil- o en materias relacionadas con la I+D+i, o el medio ambiente. A las entidades financieras privadas se les ha abierto una línea de avales para operaciones de financiación por un importe de 100.000 millones de euros y un Fondo para la adquisición de activos financieros de 30.000 millones ampliables hasta 50.000 sin ningún tipo de control ni de obligación de cumplimientos de objetivos al respecto, en la errónea creencia por parte del ejecutivo que estas cantidades iban a ser destinadas a la reactivación económica a través de la concesión de créditos a familias y empresas por parte de los bancos, cosa que no ha ocurrido y que ha supuesto un fracaso reconocido hasta por el propio Solbes y que esta acabando con la paciencia de otros como Miguel Sebastián.
De todo ello el Gobierno debe de tomar nota y plantear con contundencia a la banca el que abra el grifo del crédito so pena de querer ver como desaparecen miles de empresas y se destruyen centenares de miles de puestos de trabajo. No valen ya “aguinaldos fiscales” como los concedidos últimamente a los responsables de los bancos al permitirles tributar determinados rendimientos al 18% cuando deberían de hacerlo a un tipo superior, ni solicitudes tibias de colaboración, se deben adoptar todas las medidas posibles para que esos fondos liberados, que suponen un esfuerzo para todos los ciudadanos, sirvan para reactivar la economía y no para sanear los balances de los bancos.
Esta situación de crisis exige abordar decisiones tanto a corto como a medio plazo que sirvan para minimizar los efectos más inmediatos del deterioro económico en la sociedad, y para cimentar un modelo productivo sostenible, tecnológicamente avanzado y más justo en sus efectos distributivos. El Gobierno debe de profundizar en el uso de todos los instrumentos de carácter público para atender esta situación de emergencia económica y debe reconocer que sus políticas de apoyo a la oferta han fracasado estrepitosamente, siendo preciso un nuevo enfoque que coloque el apoyo a la demanda como la palanca esencial para relanzar la economía.
Para ello el gasto público debe convertirse en el motor de la economía. Gasto que habrá que financiar; a través de emisión de deuda pública, (para ello contamos con un cierto colchón respecto de países de nuestro entorno ya que nuestro ratio deuda /PIB se colocará a final de año en un 47,3%), de una imprescindible reforma fiscal de carácter progresivo y una eficaz lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. El objetivo perseguido es que el sistema fiscal sea capaz de generar los ingresos precisos para hacer frente a la puesta en marcha de un nuevo modelo económico, centrado en la creación de empleo, el apoyo a la economía real en los sectores de mayor futuro -y no en los especulativos como la construcción-, el reforzamiento del sector público y la convergencia con Europa en gasto social.
Con ello, estaremos defendiendo un modelo económico alternativo que contemple el interés social sobre el beneficio privado, basado en un desarrollo social y ecológicamente sostenible, en el control público y social de la economía, la planificación democrática de la misma y la intervención de los trabajadores en la organización del trabajo y el control del excedente económico.
En esta dirección el pasado 29 de diciembre la Comisión Ejecutiva Federal aprobó una campaña contra la crisis que bajo el lema “Hay Alternativa”, pretendía iniciar el trabajo de la nueva dirección mostrando a la sociedad a través de la realización de 1.000 actos por toda España la capacidad de IU para ofrecer propuestas y alternativas útiles para la salida de este atolladero. Con ello perseguimos además recuperar la centralidad de nuestro discurso político en lo social y en los asalariados, abordar el proceso de reconstrucción del entorno de IU por medio de la movilización social frente a la crisis económica y servirnos de precampaña para el proceso electoral de las elecciones Europeas. En suma mejorar la organización, recuperar la organicidad e incrementar la influencia social., estrategia que parece que va dando sus frutos como parece desprenderse de los últimos datos de intención de voto ofrecidos por distintas encuestas publicadas.
Para el desarrollo de esta campaña y del resto de actividad política todas las Secretarías de IU se han reunido para conformar sus equipos y para presentar distintos planes de trabajo, los cuales os adjuntamos. En estos planes se vienen a recoger desde medidas para subsanar los distintos problemas de funcionamiento que hemos tenido en los últimos tiempos, hasta los ejes de trabajo que perfilaran esta nueva etapa.
Uno de los principales ejes de trabajo debe pasar por impulsar la máxima coordinación entre las distintas secretarías, entre los distintos grupos institucionales, y entre ambos dos, de forma que los ejes de intervención que nos va a marcar el perfil y proyección de nuestra formación sean los mismos en todos los ámbitos sociales y parlamentarios, en un esfuerzo lógico de ligar la iniciativa política con la institucional.
En este sentido tanto la Secretaría de Comunicación Externa y Electoral, que pasará a ser una referencia de utilidad en base a la información socioeconómica y de percepción de la base social que facilitará de forma periódica a esta Dirección y a las Federaciones para contribuir con ello a que nuestra propuesta y respuesta política este pegada al terreno y bien relacionada con nuestra actual y potencial base social y electoral, como la Secretaría de Coordinación de Grupos Parlamentarios, en la que ya el pasado día 15 Gaspar Llamazares presentó una primera propuesta de Plan de Trabajo para el primer semestre de 2009 en el Congreso de los Diputados, que viene a coincidir en alto grado con las líneas políticas de trabajo y las prioridades existentes, viéndose además la importancia de informar periódicamente a la Presidencia de IU sobre la actividad parlamentaria y el reglamentar de alguna manera la relación de la Dirección de IU con los Grupos institucionales, parecen avanzar en esta dirección.
Así, en este periodo de tiempo se han registrado distintas iniciativas en el Congreso de los Diputados que desarrollan las líneas de trabajo y prioridades marcadas, demandando entre otros aspectos: el que se aumenten los créditos destinado a la reactivación de la economía y a invertir en un nuevo modelo económico; el control de los sectores estratégicos; el apoyo al sector del automóvil; el desarrollo de una norma básica sobre banca pública; de garantías para que las ayudas del Gobierno a la banca fluyan hacia la economía real y el crédito llegue a familias y empresas; que se promueva un parque público de viviendas en alquiler social; la defensa de la Universidad Pública; o la garantía de anticoncepción de urgencia en el Sistema Nacional de Salud.
En cuanto a la Secretaría de Economía y Trabajo, decir que por su carácter transversal debe de ser otra de las piezas fundamentales en este engranaje al tener que buscar respuestas a los problemas que esta generando esta grave situación de crisis económica. Dos han sido los documentos que hasta ahora ha presentado para su discusión. El primero un documento marco sobre financiación autonómica y el segundo un plan contra la crisis y de generación de empleo que se trae hoy a este CPF
En cuanto al primero, y básicamente, comentar que pensamos que sería imprescindible que las actuales negociaciones para modificar la financiación de las CC.AA, se deberían realizar simultáneamente con el de la financiación municipal, ya que no tiene en cuenta que los ayuntamientos son pilares fundamentales para la salida a la crisis global al ser la administración que tiene una relación más directa con el ciudadano. Por tanto, antes de modificar el actual sistema de financiación de las CC.AA, sería preciso de que nos dotáramos de un nuevo modelo de Estado que basado en el principio de subsidiariedad, definiera los marcos competenciales de cada administración con claridad y se contemplara un nuevo reparto de los recursos financieros en base al principio de suficiencia. Así pondríamos punto y final a la situación actual de los Ayuntamientos que gastan el 35 por ciento de sus recursos en dar respuesta a problemas para los que no tienen competencias, y que pertenecen a las Comunidades.
En cuanto al Plan de medidas económicas, es un plan centrado en la creación de empleo y defensa del existente con el que se pretende dar una respuesta alternativa y progresista a la grave crisis por la que atraviesa nuestra economía y para trasladarlo a la sociedad, pero también al Gobierno, después de que a Solbes se le hayan acabado los fondos para combatir la crisis convirtiéndose en el ministro de la resignación y la desesperanza y de que el Ministro de Industria vaya invocando el proteccionismo.
Este Plan esta dirigido a activar el mercado de trabajo con medidas muy concretas y que permitiría de momento frenar la destrucción de empleo y a medio plazo situar el paro al final de 2011 en niveles de enero de 2008. Además, el Plan incluye acciones concretas para ayudar a las más de 827.000 familias con todos sus miembros en paro, con una renta de inserción. Para IU estas son las cuestiones fundamentales en estos momentos. Todas las medidas de política económica deben de tener como objetivos prioritarios la generación de empleo y la protección social
La destrucción de empleo no se resuelve con los llamamientos morales del presidente Rodríguez Zapatero a los empresarios y a los bancos financieras para recordarles que el dinero que se les ha dejado es para que concedan créditos a las pymes y a las familias y que con su actitud lo único que están haciendo es colaborar para que los efectos de la crisis sean más profundos.
El Gobierno y las Comunidades Autónomas afectadas no deben aceptar los expedientes de regulación de empleo de empresas que han obtenido beneficios en 2008, ni tampoco es posible consentir por más tiempo que las ayudas a la banca no lleguen a las pequeñas y medianas empresas y a las familias en forma de créditos en cantidades significativas. El Gobierno tiene medios para lograrlo y debe utilizarlos.
Somos conscientes de la envergadura de la crisis y de las graves dificultades que la economía española tiene para salir de ella fundamentalmente por el modelo de crecimiento de nuestra economía y porque las soluciones que proponen tanto el Gobierno como la derecha económica y política son, además de erróneas, inaceptables para el conjunto de trabajadores al pretender más desregulación a través de una nueva reforma laboral, rebajas fiscales para los más ricos, facilidad y abaratamiento del despido… Todo ello bajo el paraguas del chantaje de los bancos y en beneficio de las grandes empresas, nada para crear empleo de calidad.
Las propuestas que hoy traemos a este CPF no son la solución de la crisis. Esta sería una pretensión desacertada e ingenua. Estamos ante una crisis del sistema capitalista, en esta ocasión más grave y profunda que las inmediatamente precedentes, y las crisis cíclicas son propias de ese sistema. Sólo terminarán con la desaparición del capitalismo. Lo que si es posible es paliar los efectos de la crisis y contribuir a crear las condiciones para una recuperación que garantice un desarrollo económico sobre bases nuevas, radicalmente diferentes, tanto desde el punto de vista social como ecológico, en un camino que conduzca hacía el socialismo.

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