El Tribunal Constitucional autoriza la candidatura de Iniciativa Internacionalista

La lista de Alfonso Sastre podrá presentarse a las elecciones europeas del 7 de junio.

Kaos en la red. Es la primera vez que el Tribunal Constitucional no ratifica una decisión de la Sala del 61 del Tribunal Supremo en aplicación de la ley de partidos. Entiende que Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (IISP) no es continuadora de Batasuna y por tanto puede concurrir libremente a las elecciones europeas del próximo 7 de junio.

El sábado la Sala del 61 acordó por 11 votos a favor y cinco en contra anular la candidatura encabezada por Alfonso Sastre, al entender que “no es más que un instrumento de ETA/Batasuna, en tanto ha sido infiltrada al socaire de una aparente y simple proximidad ideológica, hasta instrumentalizarla para la consecución de sus fines”.

Dichos “fines” eran, según la Sala prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “garantizar la presencia de los partidos políticos ilegalizados en las instituciones democráticas, eludiendo así los procesos de ilegalización anteriores”.

También el sábado el Supremo se mostraba por primera vez dividido al pronunciarse sobre la ilegalización de una agrupación o un partido político, por lo que la decisión del Constitucional no ha sido tan sorprendente como hacían pensar las o­nce ilegalizaciones de partidos y anulaciones de candidaturas que se han producido desde marzo de 2003, cuando se aplicó por primera vez la ley de partidos con la sentencia de Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado eran conscientes de las “dificultades jurídicas” que planteaba el caso, cuando presentaron sus demandas de ilegalización por el trámite de ejecución de sentencia. Esta también es la primera vez que se pedía la anulación de una lista surgida de la coalición de dos partidos cuya legalidad nadie cuestionaba, Izquierda Castellana y Comuner@s.

El Constitucional considera insuficientes los indicios esgrimidos por el fiscal y los Servicios Jurídicos del Estado para instar la alegación. Consistían en los fuertes vínculos de los números uno y dos de la lista -Alfonso Sastre y Doris Benegas- con la izquierda abertzale. El dramaturgo fue calificado incluso de “banderín de enganche” del votante del mundo ilegalizado.

Algo que en principio no debería ser muy relevante, porque es doctrina del TC que “la disolución de un partido político no comporta la privación de derecho de sufragio, activo o pasivo, de quienes fueron sus promotores, dirigentes, candidatos o afiliados, ni la participación como candidato en instrumentos de participación electoral que sirvan de instrumento para dar continuidad a un partido político disuelto constituye causa de inelegibilidad a través de otra candidatura”.

El propio Supremo afirmaba en el auto en el que anulaba la lista que “no puede tener una significación absoluta en términos de conexión la circunstancia de haber participado, haberse presentado o pedido el voto para agrupaciones o partidos políticos hoy ilegalizados en periodos alejados en el tiempo y siempre que no exista continuidad en esa conducta”. Añadía que “tampoco puede tener relevancia alguna haber participado en mítines de la llamada izquierda abertzale o de partidos políticos después ilegalizados”. Las demandas citaban estos datos para acreditar el vínculo de 23 de sus 60 candidatos con la izquierda abertzale.

Otro argumento del Constitucional, citado por el Supremo, consiste en que no puede otorgar un “significado absoluto” a que “dirigentes, promotores, candidatos, representantes o avalistas hayan tenido o tengan vinculaciones con la izquierda abertzale”, porque “en ningún caso puede criminalizarse a ésta, y en los documentos no siempre se concreta si se trata de mera proximidad ideológica a la parte de la izquierda abertzale que se mueve en el campo de la legalidad y que reniega de los mecanismos violentos de consecución de sus objetivos”.

A lo que sí dio prioridad el Supremo fue a que IISP no hubiera condenado el terrorismo de ETA y que ante la fuga de 12 avalistas de PP y PSOE fueran sustituidos por concejales de ANV de Villabona (Guipúzcoa).

Por eso en su recurso de amparo, Iniciativa Internacionalista hizo hincapié en demostrar que condenaba “el uso de la violencia para la obtención de objetivos políticos en el marco de un Estado democrático” y citaba la condena de ETA que hizo hace seis años Corriente Roja. El silencio de su dirigente Ángeles Maestro al respecto, en los actos de Iniciativa Internacionalista, fue esgrimido por Fiscalía y Abogacía del Estado para insistir en la necesidad de anular la lista.

En cuanto a los avalistas, el Constitucional siempre ha cuidado de “matizar el escaso poder de contaminación de candidaturas cuando se trata de una agrupación electoral, vista la necesidad de conseguir 15.000 firmas”.

El Supremo entendió, en cambio, que esa precaución “no puede extenderse a los avalistas de una coalición electoral, pues en tal supuesto, según contempla la ley, dichas firmas se pueden sustituir por las de 50 cargos electos, y entonces sí cabe presumir un nivel de conocimiento de la misma por parte del partido solicitante de la firma, y por lo mismo atribuir eficacia positiva a esa vinculación”.

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