Chabolistas en Tablada: La asociación PRODENI para la defensa de la infancia denuncia al Ayuntamiento de Sevilla, La Junta de Andalucía y la Fiscalía de Sevilla ante el Fiscal General del Estado

Cien niños malviven en condiciones infrahumanas en un descampado de Sevilla ante la pasividad de las instituciones

Sevilla, 17 de junio: La Asociación PRODENI para los derechos del niño y la niña, por boca de su portavoz José Luis Calvo,  ha remitido una denuncia a la Fiscalía General del Estado en la que denuncia la situación de abandono de unos cien niños y sus familias, desplazados del barrio de las Tres Mil Viviendas a raíz de una reyerta entre clanes gitanos en marzo pasado, que se saldó con la muerte de un menor.

Calvo señala que las cuarenta familias desplazadas, pertenecientes al clan de “los Caracoleños”,  malviven desde el 29 de marzo en la zona conocida como La Tablada, junto a San Juan de Aznalfarache, en condiciones infrahumanas, aplastados por el implacable sol sevillano, sin acceso a agua salvo por la suministrada por algunas gasolineras alejadas del asentamiento.

La denuncia de PRODENI se refiere a la dejación de funciones de las instituciones ante la situación de estas personas, que fueron expulsadas de sus casas por el clan de “los Marianos”, tras lo cual la Junta de Andalucía procedió a precintar sus viviendas alegando su  situación irregular. Desde entonces, algunos miembros de “los marianos” han intentado volver a sus casas, habiéndoselo impedido la policía autonómica.

Según Calvo, estas familias se encuentran “entre la espada y la pared de quedarse en el descampado enfrentados al calor, a los bichos, la insalubridad y el abandono de las Administraciones, o volver a sus viviendas aunque sea a costa del riesgo de las amenazas de las otras familias y el nulo apoyo de las autoridades, pues éstas ni ayudan a las familias abandonadas en el campo, ni garantizan su seguridad si vuelven a la barriada, en una aceptación de hecho de las condiciones y las leyes impuestas por el otro colectivo, condenándolas a un estado de extrema desesperación que irá, lógicamente, in crescendo pues ya no aguantan más, a pesar de la aparición en escena de ‘mediadores gitanos’ de la Unión Romaní, que han ido para decirles que no vuelvan más a las ‘tres mil viviendas’ porque los de aquel clan así lo han decidido y que hablarán con los de la Administración para que se dulcifiquen las duras condiciones del asentamiento y se busque otra solución de integración por otras barrios de la ciudad.”

Calvo señala asimismo que los menores han estado sin escolarizar desde su huída. Sólo hace unos días, la Junta de Andalucía ha accedido a recibirlos por las tardes en una escuela de la zona, separados del resto de los alumnos y hasta que comiencen las inminentes vacaciones de verano.  Igualmente denuncia que, el 9 de junio, PRODENI puso la situación en conocimiento de la Fiscal Jefe de Sevilla, María José Segarra, solicitándole “la intervención ante las Administraciones, en su calidad de valedora de los derechos de los niños y niñas, pero también, y de forma expresa el estudio de las responsabilidades legales en que hayan podido incurrir aquellos cargos de la Administración (autonómica, municipal…) que estando obligados por la ley a intervenir a favor de esos niños y niñas, no lo han hecho, o que, en el caso de la Consejería de Educación, se ha esperado a ocho días de que finalice el curso después de casi tres meses de absoluta inoperancia para escolarizarlos.” No obstante, hasta el momento la única respuesta que han recibido, por boca de una funcionaria y vía telefónica, es que la denuncia “se encontraba sobre la mesa de la señora Fiscal Jefe.”

Hora del Sur ha habilitado una página web para la recogida de firmas en la que insta al Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía a adoptar urgentemente las medidas oportunas para el inmediato realojo de las familias afectadas en condiciones dignas.

Denuncia completa de PRODENI ante la Fiscalía General del Estado

EXCMO. SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

MADRID

Excmo. Sr.:

Soy José Luís Calvo Casal, portavoz de la asociación PRODENI (Pro Derechos del Niño y la Niña) con sede en Málaga y de ámbito nacional, y le escribo con relación a unos hechos que están sucediendo en Sevilla que afectan a unas cuarenta familias y unos cien niños y niñas de etnia gitana obligados a vivir en un descampado en condiciones infrahumanas, sin agua, corriente eléctrica… apenas cubiertos por unos precarios sombrajos, en el lugar conocido como La Tablada, junto al puente de San Juan de Aznalfarache, viéndose obligados a recoger agua por lejanas galosineras porque las más cercanas se lo están impidiendo pues llevan ahí desde el 29 de Marzo, con la circunstancia agravante del absentismo escolar de los niños y niñas que vieron interrumpida su asistencia a clase desde aquella fecha, sin que la Administración educativa y la municipal hayan hecho nada en este aspecto hasta hace unos días en que, a falta de una semana para la finalización del curso, se ha dispuesto llevarlos por las tardes a un colegio, facilitándoles alimentación e higiene, que, como digo, va a quedar interrumpido por la inmediatas “vacaciones”.

Mientras tanto, seguirán allí con todo el verano por delante sometidos a condiciones de tortura bajo el implacable calor y el grave riesgo que padecen niños y niñas, alguno de los cuales ya ha tenido que ser asistido en un centro hospitalario.

Y si me dirijo a esa alta instancia del Estado no es para relatarle las duras condiciones que padece un colectivo de familias y niños, sino por las circunstancias sociales y administrativas que aquí se producen y por la absoluta inoperancia e impunidad institucional que los deja en total abandono, en una inercia de fatalidad social derivada de un enfrentamiento o conflicto habido entre clanes, en el que se ha producido la muerte accidental de un joven, que provocó, por amenazas del respectivo grupo familiar, la huida de casi cuarenta familias con apenas lo puesto, que habitaban en la barriada de las “Tres Mil Viviendas” que gestiona una entidad administrativa denominada “El Comisionado”, en pisos, algunos adquiridos por la vía reglada para este tipo de acceso, y otros comprados a anteriores propietarios, supuestamente algunos de forma irregular, sin que, al parecer, hasta el momento de “la huida” se hubiera producido intervención alguna de la Administración para la regularización de los mismos, y que, ahora, nada más ser abandonados fueron precintados por la autoridad de la Junta de Andalucía hasta un definitivo estudio caso por caso que sigue sin dar resultados tres meses después, mientras “las criaturas” permanecen alejadas a la espera de alguna solución, en las condiciones arriba expuestas, allí, en contra de su voluntad, pues quieren regresar a sus viviendas o que se les facilite, aunque sea de forma provisional, otro tipo de alojamiento con unos mínimos de habitabilidad y de higiene, motivo por el cual, fruto de la lógica desesperación al estar “comidos por los bichos” y “aplastados por la calor”, intentaron hasta dos veces regresar a sus viviendas, ocupando algunas de ellas, pero viéndose obligados a regresar al descampado ante la intervención de la Policía Autonómica que vigila la zona y las amenazas de muerte del clan de “los Marianos” al que pertenecía el joven difunto, que no quieren ver allí nunca más a ninguno de los miembros del clan de “los Caracoleños” (ni los mayores ni su descendencia) a quienes acusan de que alguno de sus miembros ha sido el autor de la muerte del joven; encontrándose entre la espada y la pared de quedarse en el descampado enfrentados al calor, a los bichos, la insalubridad y el abandono de las Administraciones, o volver a sus viviendas aunque sea a costa del riesgo de las amenazas de las otras familias y el nulo apoyo de las autoridades, pues éstas ni ayudan a las familias abandonadas en el campo, ni garantizan su seguridad si vuelven a la barriada, en una aceptación de hecho de las condiciones y las leyes impuestas por el otro colectivo, condenándolas a un estado de extrema desesperación que irá, lógicamente, in crescendo pues ya no aguantan más, a pesar de la aparición en escena de “mediadores gitanos” de la Unión Romaní, que han ido para decirles que no vuelvan más a las “tres mil viviendas” porque los de aquel clan así lo han decidido y que hablarán con los de la Administración para que se dulcifiquen las duras condiciones del asentamiento y se busque otra solución de integración por otras barrios de la ciudad (en la prensa escrita de hoy, 17 de Junio) Cuestión que no convence a las familias afectadas, pues han sido condenadas por vía extrajudicial y extra administrativa, sin que la acción administrativa, ni la acción del Ministerio Fiscal hayan puesto en marcha ninguno de los mecanismos que establece la ley para garantizar los derechos y la seguridad de las personas, condenando, como digo, a las cerca de cuarenta familias y unos cien niños y niños, a la exclusión social y desamparo más absoluto y a una brutal discriminación, pues nadie se puede imaginar a estas administraciones y autoridad fiscal en postura de brazos caídos si los afectados hubiesen sido otros, pues entiendo que el abandono y discriminación que sufren estos niños lo es por razón de su etnia gitana y por las circunstancias sociales de sus familiares.

Y ahí es a donde quiero llegar con mi queja y mi denuncia ante esa Fiscalía General, pues resulta que el día 4 de este mes de Junio remití por fax a la de Sevilla el escrito de denuncia que con este le adjunto, pidiendo su intervención ante la inoperancia institucional, especialmente a favor de los niños y niñas, y en virtud de lo establecido en nuestras leyes, con alusión al artículo 17 de la Ley O. 1/96 de 15 de Enero de Protección Jurídica del Menor

(Actuaciones en situaciones de riesgo) “(…) la actuación de los poderes públicos deberá garantizar en todo caso los derechos que le asisten y se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se encuentra y a promover los factores de protección del menor y su familia”

Y eso es así, porque aunque la obligación de los poderes públicos en caso de catástrofe o riesgo social con resultados como el que motiva este escrito, debe ser general para todas las personas, es obligatoria de manera especial para con los niños y niñas, porque la ley establece como principio jurídico plenamente garantista “el interés superior del niño”, viga maestra de la Convención de Derechos del Niño ratificada por España en 1990, y eje para cualquier actuación administrativa o judicial en que se vea afectado. Principio rector de la Convención definido por la plena satisfacción de sus derechos, de todos sus derechos, cuestión que ha de prevalecer sobre cualquier interés de parte que concurra. Cosa que aquí no sucede porque los aproximadamente cien menores perjudicados ven conculcados sus derechos, pues hasta hace unos días no han tenido ni siquiera el de asistir a la escuela, además de las precarias condiciones de subsistencia a que se ven sometidos. Dándose, además la circunstancia de que se está conculcando otro de los principios de la Convención y de nuestro sistema legal, el de la no discriminación respecto a los demás niños y niñas de la población, tanto en el tema del absentismo escolar, forzado durante casi tres meses, y en la inoperancia de la administración, como por el peculiar sistema de escolarización a unos días de finalizar el curso: Al colegio por las tardes separados del resto de los alumnos. Igualmente también por el abandono institucional en los aspectos de habitabilidad, higiene, alimentación… al estar totalmente desasistidos y verse abocados a permanecer en esa lamentable situación a lo largo del verano, condenados por los unos (los del clan contrario) y por los otros (Administración Autonómica, Central y Municipal)

Pues bien, desde el día 4 de Junio hasta hoy no hay noticia alguna del resultado de mi denuncia en cuanto que se solicitaba la intervención inmediata del Fiscal ante las Administraciones, en su calidad de valedor de los derechos de los niños y niñas, pero también, y de forma expresa el estudio de las responsabilidades legales en que hayan podido incurrir aquellos cargos de la Administración (autonómica, municipal…) que estando obligados por la ley a intervenir a favor de esos niños y niñas, no lo han hecho, o que, en el caso de la Consejería de Educación, se ha esperado a ocho días de que finalice el curso después de casi tres meses de absoluta inoperancia para escolarizarlos.

Entendía y entiendo que lo sucedido hasta ahora con el colectivo de familias “huidos” de las “tres mil viviendas” y condenadas a un exilio impuesto por razones de clanes, bajo el consentimiento de las autoridades sorprende a una ciudadanía que no acaba de entender porque siendo estas familias españolas y andaluzas, no reciben el mismo trato que el resto de los nacionales, o, en general, residentes en este país, por parte de unas y otras autoridades, viéndose sometidas a decisiones extrajudiciales y fuera del ámbito administrativo, en cuanto a esa condena a permanecer sine die bajo el sol implacable porque no pueden volver jamás a aquellas viviendas, y a perder su derecho a las mismas, sin que se les ofrezca ninguna otra alternativa.

Y mi queja ante esa Fiscalía General del Estado se dirige a manifestar mi total desacuerdo con lo que considero asimismo inoperancia del Ministerio Fiscal de Sevilla, pues no conozco que se haya adoptado ninguna iniciativa respecto a mi denuncia y lo máximo que pude saber de una funcionaria por teléfono es que se encontraba sobre la mesa de la señora Fiscal Jefe.

Me parece que los acontecimientos sucedidos a lo largo de estos tres meses en Sevilla y que afectan a tantos niños y niñas, cuyo modelo de sociedad, de integración social y de Estado de Derecho, ya puede usted imaginarse por donde puede ir, son motivo más que suficientes para que la Fiscalía “haya puesto una pica” en la administración sevillana y andaluza y promovido el estudio de las responsabilidades a que hubiera lugar, máxime en estos momentos donde ha quedado acreditado que aquí quien manda es el criterio de unas familias (las de los Marianos) que disponen sobre la vida y la hacienda de las otras, condenando a progenitores y a descendientes con el pleno consentimiento de unas autoridades que se limitan a “contemplar los toros desde la barrera” en un ejercicio de auténtica imprudencia e irresponsabilidad.

Y le añado que también he remitido escritos al Presidente de la Junta de Andalucía encarándole su responsabilidad ante el problema, a la vez que lo hice al Alcalde de Sevilla, a quien le reproché que mientras deja de su mano a tantos niños y niñas cuyos padres tienen muy complicado conseguir agua en las gasolineras, él ha dispuesto el reparto por las calles céntricas de la ciudad de unos dos mil bricks de agua para que se refresquen turistas y paseantes en alivio de las altas temperaturas de la época.

Y le digo además que nadie, en esta lamentable historia, puede aducir desconocimiento o despiste, porque lo medios de comunicación locales lo cuentan y el Defensor del Pueblo Andaluz viene advirtiendo una y otra vez sobre las duras condiciones de estas familias, urgiendo a las administraciones a intervenir.

Por lo mismo, pido a esa Fiscalía General que se dirija a la Fiscalía de Sevilla con las instrucciones precisas para que se urjan las actuaciones correspondientes tras mi denuncia del 4 de Junio pasado, con el ruego de que se incorpore este escrito a la misma, y se acabe de una vez con la indefensión de estos niños y familias, la discriminación y el restablecimiento de la ley y el Estado de Derecho.

Así lo espero desde Málaga a 17 de Junio de 2009.

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Una respuesta

  1. […] by Horadelsur El Grupo Municipal de IU en Sevilla ha difundido un comunicado en el que denuncia la situación de “emergencia sanitaria” de las personas que malviven en las chabolas de Ta…, así como “la pasividad injustificada” de la Junta de Andalucía a la hora de encarar […]

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