Nueva denuncia de PRODENI ante la Fiscalía de Sevilla por la situación de los chabolistas de Tablada

La Fiscal Segarra da la callada por respuesta ante las reiteradas denuncias de la Asociación PRODENI para la defensa de la infancia

Unos por otros, la casa sin barrer. Las instituciones se protegen tras un muro de silencio, burocracia, arrogancia y disputas sobre competencias mientras algunas personas solidarias intentan insistentemente encontrar una solución urgente al problema de las familias desplazadas a Tablada. José Luis Calvo, portavoz de PRODENI, se ha dirigido de nuevo a la Fiscal Jefe de Sevilla, María José Segarra, instándole a tomar las medidas oportunas ante la situación de este colectivo, incluyendo unos cien niños que permanecen en condiciones infrahumanas en el descampado sevillano.

Calvo afirma en su escrito enviado hoy a Segarra que “existe una determinada coacción y amenazas contra las familias de La Tablada por parte de otras familias de las Tres mil Viviendas para impedir que regresen, con arreglo a principios de la ley gitana, al considerarlos expulsados, con serias advertencias de utilizar la violencia en el caso de que vuelvan”, algo que, denuncia,  “cuenta con el apoyo fáctico de las instituciones, municipal y andaluza, que se alejan del conflicto permitiendo que se imponga una ley extraña al Estado de Derecho.”

En opinión de Calvo, semejante situación de conculcación de leyes y derechos de estas personas requiere la intervención de la Fiscal Jefe de Sevilla, a la que ya se dirigió en 4 de junio pasado sin haber recibido respuesta hasta el momento. Hora del Sur también ha intentado recabar la opinión de la fiscal Segarra sin haber podido más que acceder a una funcionaria que se ha negado a identificarse, y nos informa que la Fiscalía declina hacer declaraciones sobre el asunto. Igualmente este medio se ha dirigido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla, instituciones con competencias en servicios sociales y vivienda, sin que hasta el momento accedan a manifestarse sobre la cuestión.

Escrito remitido por PRODENI a la Fiscalía de Sevilla

ILMA. SEÑORA FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

Málaga, 19 de Junio 2009

Con relación a mi denuncia del 4 de Junio de los corrientes acerca de la situación que padece un colectivo de familias gitanas en condiciones de alta precariedad en la zona conocida como La Tablada, situada entre los puentes de Juan Carlos I y de San Juan de Aznalfarache, de la capital sevillana; desde la asociación Prodeni, como portavoz de la misma, vuelvo a comparecer ante esa Fiscalía para manifestar lo siguiente:

Que con fecha 17 de Junio remití al Fiscal General del Estado el documento adjunto denunciando la inoperancia institucional y el desamparo de dichas familias entre las que se encuentran unos cien niños y niñas, pero también la inacción de la Fiscalía sevillana ante esta supuesta conculcación de derechos y del principio de legalidad.

Y es que lo que está sucediendo ante los ojos de la Fiscalía de Sevilla clama no sólo al cielo, sino al Estado de Derecho porque se está conculcando la legalidad con graves perjuicios a las personas, entre ellas numerosos niños y niñas, no sólo por lo que ya he denunciado anteriormente, sino por lo que quiero aportar en este nuevo escrito.

Así, es público y notorio que las familias que habitan en el descampado lo hacen en contra de su voluntad porque literalmente huyeron de sus viviendas el 29 de Marzo de 2009 sólo con los puesto, con gran riesgo para sus vidas por las amenazas de muerte del grupo familiar y del clan del joven fatalmente fallecido a consecuencia de una bala perdida en la reyerta de las “tres mil viviendas”.

Por su parte, los medios de comunicación vienen recogiendo con gran detalle las duras condiciones de vida que padecen en el descampado desde hace tres meses, propias de tiempos primitivos cercanos a la Edad de Piedra, agravado por las altas temperaturas de la época que los coloca al límite de su capacidad de aguante, siendo especialmente vulnerables los niños. En ese sentido suenan a sarcasmo las recomendaciones de la Consejería de Salud de la CCAA dirigidas a la población en general para prevenir los riesgos del calor, a la vez que de forma consciente la Junta in visibiliza a estas personas y las desatiende.

Se sabe también que, fruto de su desesperación, y ante ninguna otra alternativa, han intentado en dos ocasiones volver a “las tres mil viviendas”, llegando a entrar en algunas de las casas a pesar de estar precintadas por la Junta de Andalucía que quiere verificar la legalidad de su anterior ocupación, viéndose obligados a desistir y dar de nuevo con sus huesos en el descampado por la oposición frontal – no de la Policía de la Junta- sino del otro colectivo que se encaró con ellos en actitud belicosa y amenazante o, como quedó escrito en algún medio, alardeando de que iba a arder Troya o de que iba a haber una matanza sino abandonaban de inmediato la zona. Hasta el punto de que el día 15 de los corrientes unos mediadores gitanos de la asociación Unión Romaní comunicaron a los residentes de La Tablada que ninguno podía volver, diciéndoles “Allí no podéis volver, hay que evitar una masacre entre familias gitanas”, transmitiendo “las razones de los señores” (la familia del joven muerto) de que no podía regresar ninguno, ni siquiera los que tuvieran su vivienda en regla (El Correo de Andalucía 16.06.09) O, como recoge el ABC del mismo día “Los contrarios no quieren pelea, sólo que no vayáis al barrio, porque entonces tendréis problemas.” Y viéndose forzados a aceptar quedarse en el descampado hasta septiembre, tras una breve reunión celebrada el día 18 de junio, en espera de alguna solución por la afrenta que sufre uno de los clanes por la muerte de un joven en un tiroteo (Correo de Andalucía, ABC, 19 de junio)

Es decir, parece que existe una determinada coacción y amenazas contra las familias de La Tablada por parte de otras familias de las “tres mil viviendas” para impedir que regresen, con arreglo a principios de la ley gitana, al considerarlos expulsados, con serias advertencias de utilizar la violencia en el caso de que vuelvan, lo que, evidentemente, supone una exclusión, un exilio forzado y una sentencia con condena en firme, imposible de recurrir porque está dictada por la sola voluntad de quienes amparándose en la costumbre y en su propia ley condenan a los niños y niñas de la otra gente a vivir como los bichos (en su propio argot) negándoles los mínimos atributos de humanidad, ya no sólo de derechos; y que cuenta con el apoyo fáctico de las instituciones, municipal y andaluza, que se alejan del conflicto permitiendo que se imponga una ley extraña al Estado de Derecho, sobre lo que pivota igualmente el criterio de los representantes de la entidad Unión Romaní encargados de convencerlos de que no hay otra solución que la de quedarse en el infierno donde están.

Y eso sucede, como digo, a la vista de todos, en una escenificación de despropósitos donde cada cual juega un papel determinante (Administración, Fiscalía, familias…) para que las cosas discurran por esos derroteros de surrealismo bananero colmado de tercermundismo, en tanto las instituciones consienten y fomentan, como digo, ese estado de cosas, la ley de la calle, la del clan, la del más fuerte.

Por todo lo expuesto, me reitero en mi escrito del 4 de Junio, y con este solicito a esa Fiscalía que se abra una investigación que estudie si se han producido esas supuestas coacciones y amenazas, y si bajo presiones se ven forzados a permanecer en la zona de La Tablada en contra de su voluntad, sometidos a una grave situación de riesgo social y sanitario con el flagrante abandono de las instituciones, al objeto de que se proceda, en su caso, con las medidas que estime oportuno en cumplimiento de la legalidad.

Espero su respuesta.

José Luís Calvo Casal

Portavoz de PRODENI

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