Chabolismo en Sevilla: la fiscalía responde a PRODENI

Se incluye la transcripción del escrito de respuesta  de la fiscal Segarra a la denuncia de la asociación PRODENI sobre la expulsión de las Tres Mil Viviendas de cien niños y sus familias tras una reyerta entre clanes.

Prodeni, 20/06/09: La Fiscal Jefe de Sevilla reconoce que, en el caso de los chabolistas del asentamiento de Tablada, desde las administraciones competentes sólo se han producido esfuerzos, pero no soluciones, a excepción de la escolarización in extremis de unos setenta niños y niñas a falta de siete días lectivos para finalizar el curso y confía en que este dispositivo continúe en forma de escuela de verano, aunque ninguna administración se haya manifestado al respecto.

A pesar de dicho reconocimiento de ineficacia administrativa en la resolución de un problema que afecta gravemente a las condiciones de subsistencia de un colectivo que vive sin agua, sin luz, sin ningún tipo de saneamiento, bajo tenderetes de plástico y soportando los calores de la época, la fiscal confía en que en septiembre los menores estén escolarizados en los colegios donde sean emplazadas sus familias.

En un escrito de respuesta a una denuncia de PRODENI, María José Segarra, a pesar de reconocer que no ha habido soluciones, minimiza la responsabilidad de las Administraciones en el abandono de estas familias, transcurridos ya tres meses de haber sido expulsados, bajo amenazas, de la barriada de las “3000 viviendas”, y utiliza una suerte de eufemismo al justificar dicho fracaso aludiendo al “carácter complejo y multidisciplinar del problema”, cuando es público y notorio que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla han fracasado por haberse estado arrojando unos y otros “la patata caliente” de la competencia, imposibilitando el consenso en las reuniones habidas, llegando a la ruptura de los encuentros.

En ese sentido, el que las familias permanezcan en inaceptables condiciones de precariedad con grave riesgo para su salud, especialmente los niños, queda huérfano de responsables a los que pueda imputarse tal abandono, y la Fiscalía en un alarde de delirante optimismo, en vez de adoptar medidas que rompan esa inercia, nos cuenta una especie de “Alicia en el País de las Maravillas” al entrever la idílica escolarización normalizada del próximo septiembre “en los colegios de los lugares donde sean emplazadas sus familias”. A lo que los desplazados podrían oponer la famosa frase del Tenorio de un “largo me lo fiáis”, porque ¿A qué viene a cuento trasladar para el futuro la bondad de unas soluciones cuando ahora están literalmente desprotegidos, faltos de saneamiento, de agua, bajo un calor implacable…?

¿O es que ofrecerles bricks de agua, como hace el Ayuntamiento por las calles del centro en alivio de los paseantes, o acercarles un camión cisterna para evitar que tengan que ir por las gasolineras a buscarla…Y procurarles alguna forma de saneamiento, letrinas… forma parte de lo imposible por ese “carácter complejo y multidisciplinar del problema” a que alude la Fiscal?

Otro hecho que demuestra la actuación light de la Fiscalía respecto a lo denunciado por PRODENI es lo relativo al grave absentismo escolar que han sufrido los niños y niñas que estaban escolarizados cuando residían en “las 3000 viviendas” y que debido al forzado exilio en el descampado de La Tablada ninguna institución se hizo cargo de llevarlos a sus colegios por el rechazo de los mismos; ni se hizo cargo de buscarles otros centros educativos, ni siquiera para los alumnos en los tramos de enseñanza obligatoria, incurriendo en una grave falta, pues el absentismo escolar está tipificado como delito en el Código Penal, quedando manifiesta la responsabilidad de las Administraciones, en tanto en cuanto esos niños y niñas han estado sin ir al colegio todo el mes de Abril, todo el mes de Mayo y gran parte de Junio.

Por lo demás, suena lírico la apreciación de la Fiscal sobre el dispositivo puesto en marcha por la Administración para escolarizar a los menores del asentamiento, si tenemos en cuenta que sólo lo han estado siete días lectivos al haberse adoptado la medida in extremis después de dos meses y medio de abandono.

Otro hecho que llama la atención del escrito de la Fiscal es que reconoce que las familias de La Tablada fueron expulsadas de la barriada de “las 3000 viviendas” “bajo amenazas”, y que no pueden volver a ella no por circunstancias administrativas o judiciales, sino por la imposición de la fuerza de otras familias y por “su actual situación debido a la oposición de la barriada a su retorno”.

Es decir, la Fiscal admite que al margen del Estado de Derecho, y del derecho constitucional a la libertad de movimientos y de residencia de los ciudadanos de este país, aquí se ha producido una expulsión por la fuerza de unos ciudadanos sobre otros, que han sido condenados a sobrevivir entre las ratas, sin ofrecérseles ninguna otra alternativa, ni siquiera a los numerosos niños y niñas afectados, y no ve en ello ninguna otra responsabilidad más que la propia del fatalismo de una dinámica social derivada de un conflicto entre clanes o familias, bajo el prisma de una mayoría que refuerza la postura de exclusión. Y eso nos preocupa y alarma porque creemos que hace quebrar principios básicos del Estado de Derecho, o el principio de legalidad que la ley impone a todos los residentes de este país, sin discriminación por razón alguna.

Así entendemos, según podemos apreciar por su respuesta, que la Fiscal no encuentra responsabilidad que atribuir a quienes amenazaron y expulsaron a la fuerza a las familias exiliadas en La Tablada, ni en las Administraciones por el reiterado abandono institucional hacia el asentamiento, incluido el absentismo escolar de dos meses y medio. No obstante, y a pesar de tales obstáculos la asociación PRODENI continuará en su denuncia, hasta conseguir que las Administraciones cumplan con su obligación y atiendan la grave situación humanitaria del asentamiento de La Tablada; y que se diriman responsabilidades por los hechos acaecidos ya comentados.

Recibido el 19.06.09

TRASCRIPCIÓN DEL ESCRITO DE LA FISCAL JEFE DE SEVILLA, MARÍA JOSÉ SEGARRA, A PRODENI

(…) le informo que dado el carácter complejo y multidisciplinar del problema planteado tras la expulsión bajo amenazas de una importante cantidad de familias de la barriada de las 3.000 viviendas y su actual situación debido a la oposición de la barriada a su retorno, le constan a esta Fiscalía los esfuerzos por lograr soluciones por parte de las Administraciones competentes.

Debido al carácter sectorial de las competencias de esta Fiscalía: Protección de menores, nuestras actuaciones han ido encaminadas conjuntamente con el Comisionado del Polígono Norte (sic) y la Delegación Provincial de Educación, a dar soluciones unilaterales para los menores, ante las dificultades para acometer la ubicación y dotación de vivienda a las familias. Así se ha solucionado la posible pérdida de escolarización de la treintena de muchachos y muchachas que habían acudido de forma continuada a los colegios e institutos de la zona y se hallaban en condiciones de poder promocionar de curso. Dado que se ha ofertado un recurso especialmente habilitado para ellos con asistencia de higiene, alimentaria y estudios, se ha logrado la participación de cerca de 70 menores en el dispositivo. Ello nos permite mantener un seguimiento de la situación higiénica, sanitaria y psicológica de estos, mientras las Administraciones competentes abordan la crucial perspectiva del alojamiento a las familias.

Es intención de esta Fiscalía que el dispositivo se mantenga durante el verano como escuela o campamento de verano, en el modelo abordado u otro que permita seguir estrechamente la situación de los menores y abordar el caso en su perspectiva dinámica, siempre con carácter provisional, esperando la debida escolarización de los menores en Septiembre en los colegios de los lugares donde sean emplazadas sus familias.

La Fiscal Jefe.- Fdo. María José Segarra Crespo.  Sevilla.

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