Tzipi Livni dice que, según Moratinos, España cambiará su legislación relativa a la jurisdicción universal para no perseguir a criminales de guerra israelíes

El PCE exige explicaciones a Moratinos ante el proceso abierto por el juez Andreu contra el ex ministro de Defensa y actual ministro de Infraestructuras israelí Benjamin Ben-Eliezer y otros seis responsables militares.

De confirmarse las declaraciones de Tzipi Livni, el gobierno Español podrá intentar introducir legislación “ad hoc” para librar de la justicia a criminales de guerra israelíes ante las recientes acciones del juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional. Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de genocidio y terrorismo fuera de las fronteras españolas e independientemente de si hay españoles o no implicados en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este criterio se aplica a partir de dos sentencias dictadas en 2005 por el Tribunal Supremo y el Constitucional a propósito del caso Scilingo y del genocidio en Guatemala, respectivamente, que sentaron jurisprudencia.

Ilustración de Ben Heine

Ilustración de Ben Heine

Andreu ha abierto proceso a Ben-Eliezer se remontan al 22 de julio de 2002, cuando un avión de combate F-16 lanzó una bomba de una tonelada contra la casa de Salah Shehadeh en Gaza, supuesto activista de Hamás, con el objetivo de asesinarlo. La vivienda fue alcanzada directamente por la bomba “en uno de los lugares residenciales de mayor densidad de población del mundo”, según se lee en el auto. De hecho, la casa se encontraba a menos de dos metros de la de la familia Mattar, lo que provocó que esta vivienda también fuese destruida y que siete de sus miembros resultaran muertos tras el ataque. En total murieron 15 personas, la mayoría niños y bebés. A consecuencia, la justicia española ha imputado indiciariamente a los responsables israelíes de un delito contra la Humanidad y ha afirmado que aquel ataque fue “claramente desproporcionado y excesivo”. Sigue leyendo