Los lapsus de la memoria histórica. Las víctimas del 3 de marzo de 1976 denuncian los obstáculos y trampas de las leyes españolas y vascas de memoria histórica

Los familiares de los trabajadores muertos por disparos de la Policía en las movilizaciones obreras de Vitoria el 3 de marzo de 1976 y los heridos por aquella intervención denunciaron ayer la trampa de las leyes de Memoria Histórica del Gobierno español y de la de Solidaridad con Víctimas del Terrorismo de Álava, que siguen excluyéndoles.

El portavoz de la asociación, Andoni Txasko, explicó que la Ley de Memoria Histórica “que nos negaba el derecho a la verdad y a la justicia” es en realidad una ley de punto final que permite la más completa impunidad de los responsables de los sucesos de 1976. Pero además, criticaron que incluso para el resarcimiento económico, “el aspecto menos fundamental”, se plantean trabas, ya que sólo se tienen en cuenta incapacidades en grado de gran o absoluta invalidez consecuencia de la actuación policial. Además, exige demostrar la dependencia económica de la persona fallecida, cuando los muertos tenían 17 o 19 años de edad. En las Juntas Generales de Álava, que se comprometieron a conceder las ayudas que no ofreciera Madrid, se han encontrado con los mismos tecnicismos que obstaculizan la reparación económica. Lo mismo ha sucedido en con la Ley de Solidaridad y Reconocimiento de Víctimas del Terrorismo, de la que se han visto excluidos, pese a que el Parlamento vasco reconoció su condición de “víctimas del terrorismo”.

“Hay falta de voluntad de incluir a todas las personas afectadas. Hay víctimas de primera, de segunda, de tercera y a otras ni se nos contempla”, denunció Txasko.

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